El Gobierno japonés acelera el plan para ampliar su capacidad militar.

Cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le impuso una Constitución pacifista (1947), según la cual Tokio renunció para siempre a la guerra y el papel de sus fuerzas armadas fue restringido a la autodefensa. El primer ministro, Shinzo Abe, considera que el contexto internacional ha cambiado radicalmente desde entonces y que el país debe modificar esta situación para poder asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa y contribuir más a las misiones internacionales de paz y cooperación militar.

Abe ha hecho un llamamiento este jueves para revisar los límites legales sobre la capacidad que tiene el Ejército en realidad, llamado Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF, en sus siglas en inglés) para luchar en el extranjero, y poner en marcha un cambio fundamental de la política de seguridad japonesa, durante décadas constreñida por su Constitución pacifista. Abe, que llegó a la jefatura de Gobierno en diciembre de 2012 al frente del Partido Demócrata Liberal (PDL), quiere un Ejército más fuerte que le permita afrontar el nuevo escenario geopolítico, y, en particular, el conflicto territorial marítimo con China y la continua amenaza nuclear de Corea del Norte.

El primer ministro ha recibido formalmente este jueves el informe de un panel de expertos nombrados por el Gobierno, que urge a reinterpretar la carta magna para permitir el uso de la fuerza militar en defensa de otros países. “Debemos estudiar si la interpretación actual de la Constitución es suficiente para proteger a la gente y sus vidas pacíficas”, ha dicho en una conferencia de prensa televisada. “No podemos proteger nuestras vidas pacíficas simplemente repitiendo que somos un país pacífico. Nuestras vidas pacíficas pueden tener que hacer frente de repente a una crisis. ¿Puede alguien decir que esto no ocurrirá?”, ha asegurado, informa Reuters. En un gesto destinado a aquellos votantes que temen que Tokio regrese al militarismo y a los países asiáticos que sufrieron el imperialismo japonés, ha insistido que Japón nunca volverá a ser “un país que hace la guerra”. 

Abe quiere reinterpretar el Artículo 9 de la Constitución, por el que Tokio renunció a la guerra como derecho soberano para solventar cualquier disputa, y que hasta ahora le ha impedido ejercer el denominado derecho de defensa colectiva; es decir, el despliegue de soldados para ayudar a aliados que sean atacados. Si salen adelante los cambios, Japón podría acudir en ayuda de Estados Unidos o de otro país, incluso si él mismo no es objetivo del ataque. Tokio ha suavizado gradualmente con los años las restricciones del Artículo 9 para permitir el despliegue de tropas en el extranjero en circunstancias especiales, pero nunca para utilizar sus armas contra otros. El primer ministro ha afirmado que ningún país puede defenderse solo, y que, con la interpretación actual de la Constitución, las tropas japonesas no podrían utilizar la fuerza para rescatar a ciudadanos japoneses que huyeran de una zona en conflicto a bordo de un barco estadounidense, en caso de que este fuese atacado. Sin embargo, ha insistido en que Japón nunca enviará soldados al extranjero para iniciar un conflicto. Una modificación de las limitaciones actuales sería bien recibida por Estados Unidos, con quien Tokio tiene un tratado de seguridad por el cual Washington está obligado a defender a su aliado si lo necesita. 

Estados Unidos, que se enfrenta a presiones presupuestarias en el Ejército, quiere que Japón asuma un papel mayor en su propia defensa. Washington tiene cerca de 50.000 soldados en el país asiático. Abe, sin embargo, ha dicho que el Gobierno no seguirá una recomendación de sus consejeros para que Japón levante la prohibición de participar en operaciones de seguridad colectiva lideradas por Naciones Unidas, en las cuales los países se junten para impulsar a un agresor contra un país. No está claro hasta dónde podrá llegar Abe en sus planes. Las modificaciones que quiere impulsar se enfrentan a las reticencias de algunos miembros de la coalición gobernante, por lo que tendrá que tejer un consenso para lograr la aprobación del Gabinete. Algunos oponentes dicen que los cambios minarían la cláusula de la Constitución por la que el país renuncia a la guerra, y que, incluso si son pequeños, podrían abrir la puerta a movimientos más drásticos luego. Además, los electores están divididos y existen temores en el Partido Demócrata Liberal sobre el impacto que la decisión puede tener en los comicios locales este año y el que viene.

Fuente: http://internacional.elpais.com/

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