Defensa sugiere retrasar 5 años el pago de deudas.


Frente a una deuda de casi 27.000 millones de euros y a dos meses de las elecciones generales, el Ministerio español de Defensa propuso el miércoles por boca de su número dos, Constantino Méndez, retrasar cinco años el calendario de pagos y reformar el sistema de adquisición de armamento para evitar que se repita una situación que consideró "insostenible".

Los programas de modernización de las Fuerzas Armadas - reforzados a partir de 1997 y apoyados en los créditos blandos que concedía el Ministerio de Industria a las empresas contratistas -, han creado una gran deuda que, en un contexto de fuerte crisis económica, podría paralizar las inversiones de Defensa para los próximos 20 años.

"El coste financiero que supone el conjunto de los sistemas adquiridos o en curso de adquisición es elevado, excede la capacidad presupuestaria de los recursos que se le asignan anualmente al Ministerio de Defensa, y por tanto, dificulta el funcionamiento global del departamento, dificultad que se acentúa dada la intensidad de las actuales restricciones al gasto", dijo Constantino Méndez en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Por ello, propuso reprogramar los calendarios de pagos con un retraso de cinco años incluyendo una refinanciación de los créditos en Industria, ganando tiempo para acometer una reforma con mayor impacto estructural.

España está intentando cumplir su objetivo de reducción del déficit público al 3 por ciento del PIB en 2013, que pasa por un objetivo del 6 por ciento para este año, mientras el nerviosismo sacude los mercados desde hace meses por la crisis de la deuda en la zona euro, tras los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal. Además de la reprogramación de los pagos, Méndez propuso dos actuaciones para solucionar la situación de su departamento.

La primera es la reordenación de los programas de modernización para obtener ahorros y dirigirlos a necesidades más prioritarias de las Fuerzas Armadas, mientras que la segunda es la "compensación, que no condonación" de la cantidad pendiente por los anticipos de Industria - unos 14.000 millones de euros - al ser la propia Administración "deudora y acreedora".

Méndez recomendó además la creación de un organismo administrativo, único y especializado, que optimice los recursos y defienda a la industria nacional.

CONTRATOS ACUMULADOS
Méndez añadió que el 86 por ciento de las obligaciones contractuales, por valor de casi 23.000 millones de euros, se firmaron entre 1997 y 2004, hasta poco antes de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegara al poder.

La suma total de los pagos que tenía que realizar Defensa asciende a 31.631 millones, aunque la cifra podría ascender hasta los 36.876 millones al tener en cuenta desviaciones como modificaciones contractuales sobrevenidas, revisiones de precios o partidas abiertas al inicio de los contratos. De esta cuantía, quedan pendientes de pago 25.867 millones.

La compra del material militar se realizaba mediante un complejo sistema por el que Industria concedía los créditos a las empresas para que pudieran iniciar la fabricación, y éstas empezaban a recibir los pagos de Defensa cuando iban entregando los aviones, cazas o tanques.

Méndez también lamentó que la política de compra de material militar como el caza Eurofighter, el avión de transporte A-400M o el carro de combate Leopardo, apoyada principalmente en tres grandes empresas - EADS-Casa, Indra y Navantia - no incentivara comportamientos eficientes.

"Bajo el argumento recurrente de la creación de empleo se han adquirido productos y tecnologías extranjeras o nos hemos incorporado a programas multinacionales a cambio tan solo de producir o ensamblar en España", dijo.

"Este esquema no posibilita en el largo plazo el desarrollo autónomo de la industria nacional", añadió.

La representante del Partido Popular en la comisión, Beatriz Rodríguez Salmones, criticó que Méndez presentara estas propuestas a última hora y aseguró que, de llegar al poder, su formación seguirá con los programas de Defensa, que consideró una "prioridad", y añadió que "hay soluciones financieras".

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